Desde hace un mes las tiendas permanecen cerradas a causa del estado de alarma. La pausa de la actividad económica (prevista hasta el 26 de abril aunque lo más probable es que el gobierno prorrogue el confinamiento 15 días más) ha llevado a los comercios a una situación límite en la que cerca de la mitad de ellos está en peligro serio de desaparecer. «Ante la gravedad de la situación generada por la actual crisis sanitaria y sus dramáticas consecuencias para el tejido comercial, varias de las principales asociaciones de comercio manifiestan de forma conjunta al gobierno la incapacidad del comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales», afirman en un comunicado siete patronales comerciales que representan a 510.000 establecimientos y que generan 1,7 millones puestos de trabajo. «Varias de las principales asociaciones de comercio manifiestan de forma conjunta al gobierno la incapacidad del comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales», afirman.
En el comunicado, los empresarios piden un plan de acción al gobierno centrado en el alquiler de sus tiendas, ahora cerradas y que suponen aproximadamente el 20 por ciento de sus gastos normales.
En el comunicado, los empresarios piden un plan de acción al gobierno, centrado en el alquiler de sus tiendas, ahora cerradas, y que supone aproximadamente el 20 por ciento de sus gastos normales. Las ayudas exigidas van desde «un sistema de subvenciones para hacer frente a los gastos del alquiler» durante el período de alarma hasta una renegociación de ese alquiler tras el tiempo de cierre obligatorio que «dé cabida a condonación de rentas durante el período de cierre de puntos de venta y el período posterior a la apertura». Según los empresarios, este período posterior debería ampliarse al menos seis meses. El comunicado de las patronales exige también medidas parecidas a las que están pidiendo los sindicatos de inquilinos de vivienda en este momento, como «introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento», señalan.
En el caso de alquileres de vivienda a particulares, el gobierno ya ha legislado. En resumen, si el arrendatario es un gran tenedor (tiene en propiedad más de 10 pisos o juntos superan 1.500 metros cuadrados), este puede escoger entre una moratoria, una deuda fraccionada o una reducción del 50 por ciento del alquiler mientras dure el estado de alarma, prorrogable un máximo de 4 cuatro meses. Si el arrendatario no es un gran tenedor, puede escoger alguna opción anterior y el inquilino puede optar a microcréditos o ayudas de hasta 900 euros. Según el Sindicato de Inquilinas, los grandes tenedores están optando mayoritariamente por retrasar pagos y no reducir en ningún caso el precio del alquiler.
Los firmantes de este manifiesto son la Confederación Española de Comercio (CEC); la Asociación Española de Centrales de Compra (Anceco); las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración Amicca, Comertia, Acotex y Eurelia, y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE). El sector comercial tiene un peso en la economía española del 13 por ciento, siendo una de las actividades más relevantes de la estructura económica española. Según la Seguridad Social, el comercio empleaba a 3,2 millones de personas en 2018, lo que suponía el 17 por ciento del total de afiliados.